El gobierno lanzó el concurso de precios para el gas domiciliario

La Secretaría de Energía de la Nación lanzó el concurso de precios para el abastecimiento de gas natural firme para usuarios del servicio de distribución, el cual se llevará adelante el 14 y 15 de febrero en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y que derivará en las nuevas tarifas que pagarán los usuarios a partir de mayo. El gobierno espera que el aumento ronde entre el 30 y 35%, el cual se revisará en octubre. 

El concurso se realizará mediante una subasta electrónica, a través del Mercado Electrónico del Gas S.A. (MEGSA), en la cual las distribuidoras informarán con anterioridad al comienzo de la ronda de negociación los volúmenes de gas a solicitar del producto y luego los vendedores realizarán ofertas de venta firme.

Finalizada la ronda, las ofertas serán ordenadas por precio/tiempo, para luego realizar la adjudicación, con el consecuente compromiso de las partes de efectivizar la compraventa de gas natural.

Según se argumenta en la Resolución 32, publicada hoy en el Boletín Oficial, el objetivo es tender hacia la contratación libre y transparente. Los contratos tendrán un plazo anual y escalonado desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo de 2020, para cubrir la demanda de gas estacional de verano e invierno. 

El gobierno le dio la derecha a las distribuidoras al definir que tendrán un plazo de 65 días para pagar por el gas, de modo de poder hacer caja con la facturación a usuarios residenciales. Hasta el momento, pagaban a 75 días, y las productoras pretendían bajar ese plazo a 30 días. De todos, modos se dejó la puerta abierta a establecer un marco gradual y previsible hacia un plazo menor, tal como fue contemplado.

Además, para evitar una cartelización entre las empresas que vulnere los objetivos de competencia y transparencia, la Secretaría de Energía podrá declarar inadmisible la oferta de venta firme que esté viciada por algún arreglo.

Como el precio del gas se establece en dólares, los contratos contemplan una cláusula de salida en caso de que el Enargas no autorice el traslado a tarifa una eventual devaluación.

Otro dato clave es que el concurso de precios contemplará una cláusula de salida en caso de que el Enargas no autorice el traspaso a tarifa final del precio del gas. Cualquiera de las partes podrá rescindir los derechos y obligaciones emergentes de la oferta sin responsabilidad para ninguna de ellas.

Este es un aspecto central, ya que la frágil macroeconomía del país puede poner en riesgo nuevamente al sector como sucedió el año pasado cuando el dólar saltó de 20 pesos a 40. Los precios del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) se establecerán en dólares, con lo cual las variaciones del tipo de cambio deberían poder trasladarse a tarifa para que las distribuidoras paguen por el gas que llevan a sus clientes.

En 2018, acumularon una fuerte deuda con las productoras a raíz de la devaluación que no pudieron trasladar a los usuarios porque ya tenían un cuadro tarifario vigente con un dólar en torno a los 20 pesos. El ex ministro de Energía, Javier Iguacel, pretendió solucionar el conflicto trasladando la cuenta a los usuarios, pero debió dar marcha atrás ante el amplio rechazo social y político y terminó decidiendo que la deuda – de 20 mil millones de pesos- fuera cubierta por el Estado.

Para evitar una situación similar, los nuevos contratos tiene la salvedad de que el tipo de cambio será establecido por el promedio del precio de venta entre el día 1 y el 15 del mes anterior al precio estacional. Aunque a fines de agosto habrá una nueva audiencia pública para definir las tarifas que pagarán los usuarios a partir de octubre, que revisará las fluctuaciones del dólar y contemplará la inflación, dos aspectos muy sensibles de la economía argentina.