Por Lic. Julián Rojo (*)

El sector energético está desordenado desde hace al menos 20 años y la pandemia solo lo expone tal como es. Si algo ha quedado claro a lo largo de la última década es que no puede funcionar de manera eficiente en las condiciones en las que se encuentra y que se necesita una reforma integral que debemos comenzar a pensar rápidamente.

La urgencia derivada de la pandemia ha expuesto las debilidades que tiene Estado Nacional en materia de regulación y ordenamiento del sector, a la vez que muestra crudamente el enorme grado de discrecionalidad en que se encuentra.

Si hacemos un muy breve pantallazo, veremos que hoy el sector petrolero se rige por una batería de medidas establecidas por Decreto: precio sostén 30% mayor al internacional, imposibilidad de importación de crudo para refinadoras, retenciones cero a la exportación, restricciones en el mercado de cambios y congelamiento del precio de los combustibles líquidos. Este conjunto de medidas es lo que constituye el denominado “barril criollo” y no es una novedad ya que, en distintas versiones, estuvo vigente la mayor parte del tiempo en la última década.

Los bajos precios internacionales del petróleo y la fijación del barril criollo muestran que las provincias petroleras son excesivamente dependientes de las regalías del petróleo y del gas (y por ende de sus precios) y que deben repensar su estructura fiscal y de financiamiento en el marco de una nueva y moderna Ley de hidrocarburos.

“Este desorden reinante en materia de energía es amplio y diverso, y deja como consecuencia un sector sin mercados, y por lo tanto sin precios, con regulación laxa y con un nivel de discrecionalidad alarmante que deriva con seguridad en prácticas nocivas para la industria”.

Por otra parte, una importante porción de la producción de gas natural goza de beneficios extraordinarios otorgados a través de subsidios directos que sumaron casi USD 10 mil millones a moneda constante entre los años 2013 y 2019. Uno de los últimos planes de estímulo incluso tiene notables consecuencias en las subastas de gas natural que, en los últimos 20 años, ha sido el mecanismo más transparente de fijación de precios que se ha implementado.

En el sector eléctrico existen problemas estructurales en toda la cadena, con empresas de servicios públicos al borde del quebranto y un marco regulatorio que no se aplica. En particular, es destacable la situación de CAMMESA que no cumple el rol para la que fue creada como organismo encargado del despacho: es una sociedad sin fines de lucro que abastece de gas a generadores, otorga financiamiento a distribuidores y canaliza los subsidios del tesoro Nacional. Es claro que el sector eléctrico debe tener una nueva Ley que lo regule.

Los entes reguladores se encuentran nuevamente intervenidos y, según las recientes medidas, da la impresión de que se extralimitan en sus funciones bajo el paraguas del Decreto de emergencia.

Hay que apartar también la idea de que pensar estratégicamente el futuro de la Nación desde el Estado es tener una visión estatista del conjunto de la sociedad. Por el contrario, se trata de que ordene, regule y garantice la competencia en los mercados.

Este desorden reinante en materia de energía es amplio y diverso, y deja como consecuencia un sector sin mercados, y por lo tanto sin precios, con regulación laxa y con un nivel de discrecionalidad alarmante que deriva con seguridad en prácticas nocivas para la industria.

Las consecuencias no son menores ya que el sector energético trasciende a la propia industria debido a que tiene relación directa con todo el sistema productivo nacional. La discrecionalidad tiene costos, porque cualquier medida que se tome repercute en la competitividad del conjunto de las industrias argentinas, incluido el agro, y en el ingreso de los hogares.

Hay una noticia desalentadora para los perezosos: la pandemia no va a cambiar nada por sí sola. Los que cambian la realidad son las personas mediante acciones concretas y, en este contexto en particular, aplicando inteligencia colectiva. Es imperante reformar lo que todos sabemos que falla pero pocos se animan a decir, la experiencia lo prueba una y otra vez con consecuencias cada vez más costosas para la sociedad.

“Se debe trabajar en conjunto con el Estado, las industrias y la Sociedad Civil para reformar el sector energético en su totalidad con el objetivo estratégico de reemplazarlo por uno más moderno, eficiente y ordenado”.

Argentina debe abandonar el rol pasivo del Estado en cuanto a la estrategia energética y también sobre la regulación y ordenamiento del sector. Hay que apartar también la idea de que pensar estratégicamente el futuro de la Nación desde el Estado es tener una visión estatista del conjunto de la sociedad. Por el contrario, se trata de que ordene, regule y garantice la competencia en los mercados mientras impulsa aquellas industrias que se consideran estratégicas para el desarrollo sin descuidar criterios de equidad, igualdad, y distribución.

El desafío en este sentido es múltiple para nuestro país donde siempre, y en este momento en particular, la emergencia domina la estrategia. A este rasgo distintivo hay que sumarle que el mundo convive con los vestigios de una generación política que rechaza todo lo relacionado al pensamiento estratégico y las acciones planificadas del Estado mientras se construye en base a personalismos fuertemente conservadores, populares y contrarios a la institucionalidad.

En el IAE Mosconi hemos presentado una serie de lineamientos esenciales en base a un diagnóstico profundo, algunos de los cuales he mencionado aquí. Creemos que se debe trabajar en conjunto con el Estado, las industrias y la Sociedad Civil para reformar el sector energético en su totalidad con el objetivo estratégico de reemplazarlo por uno más moderno, eficiente y ordenado.

*Economista, integrante del IAE general Mosconi.

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