Petroleras piden a Guzmán que intervenga para evitar cortes de gas

Las petroleras advirtieron al gobierno nacional que la decisión de Metrogas, la mayor distribuidora del país, de no cancelar las facturas de gas de junio, julio y agosto puede desencadenar un efecto contagio en el resto de las licenciatarias lo cual derivaría en la suspensión del suministro que reciben los usuarios residenciales.

La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) como la Cámara Argentina de la Energía (CADE) enviaron cartas al ministro de Economía, Martín Guzmán, para que interceda.

“El incumplimiento de pago implica una violación a los contratos vigentes que afecta directamente a los productores de gas natural y que, dado el contexto imperante, podría extenderse a la totalidad de las distribuidoras con quienes se han celebrado contratos de suministro de gas”, indicó la CEPH, a través de una misiva firmada por su presidente, Carlos Seijo, directivo de Total.

La cámara recordó que los acuerdos de suministro de gas natural vencieron el 10 de abril y 19 el de junio de 2020 y la Secretaría de Energía solicitó a las empresas asegurar la continuidad del abastecimiento de gas natural a las empresas distribuidoras.

“Los productores de gas natural nucleados en esta Cámara no están en condiciones de continuar financiando las entregas de gas natural ni a Metrogas, ni al resto las prestadoras del servicio público de distribución de gas natural, ni a cliente alguno”, agregaron.

«Frente a ese escenario, las empresas productoras de gas natural se verían obligadas a exigir el cumplimiento riguroso de las obligaciones previstas en los contratos vigentes de suministro de gas natural, incluyendo el derecho a suspender las entregas de gas natural», señaló la CEPH a través de una carta enviada a Guzmán.

Y destacaron que desde que se desató la pandemia en el país se vieron perjudicados por decisiones unilaterales de las distribuidoras de demorar sistemáticamente los pagos de sus facturas.

«Frente a ese escenario, las empresas productoras de gas natural se verían obligadas a exigir el cumplimiento riguroso de las obligaciones previstas en los contratos vigentes de suministro de gas natural, incluyendo el derecho a suspender las entregas de gas natural frente a esa falta de pago y eventualmente rescindir los acuerdos de compra venta de persistir este incumplimiento, así como demandar judicialmente el cobro de las facturas impagas”, advirtió la CEPH.

Más allá de la advertencia, cortar el suministro de gas sería una situación extrema que las propias empresas no estarían dispuestas a tomar por el perjuicio que generaría en la población y la complejidad técnica y logística que significaría volver a retomar el suministro a los hogares.

Mientras que la carta de la CADE, firmada por su presidente Carlos Magariños, indica que las petroleras evalúan iniciar acciones legales contra las distribuidoras, según informó el sitio Econojournal.

Metrogas, la mayor distribuidora del AMBA, es propiedad de YPF, la petrolera controlada por el Estado nacional, que también integra la CEPH. Es decir que la decisión de la distribuidora perjudica a la empresa nacional, la mayor productora de gas del país.

De fondo, las empresas presionan por la falta de resolución del gobierno en cuestiones como el nuevo plan gas para reactivar las inversiones en pozos gasíferos que están paralizadas desde inicios del año pasado por la caída de precios internos y el pago de la millonaria deuda acumulada por el impacto de la devaluación de 2018 en los contratos de gas que asumió el Estado durante el gobierno de Mauricio Macri.

La cadena de pagos del sector gasífero está a punto de colapsar. El congelamiento de tarifas se arrastra desde la gestión anterior, por los descalabros macroeconómicos que generó, y fue extendido por el gobierno actual debido a la profundización de la crisis que provocó la pandemia del Covid-19.