COMUNIDADES

Vaca Muerta: el paradigma de gobernanza ambiental que busca disminuir la conflictividad social

Leonardo Jakus, socio gerente de la consultora YA! propone un nuevo modelo de relación entre las comunidades y las compañías petroleras.

La relación entra la industria hidrocarburífera y las comunidades asentadas sobre los yacimientos tiene una larga historia de tensiones, que en ocasiones llegan eclosionar en serios conflictos sociales. Con la expansión de la frontera de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén, que hoy se encuentra a las puertas de un boom de actividad nunca antes visto, el escenario se torna más complejo.

Con una visión que busca cambiar el status quo de la relación de las petroleras con los superficiarios Leonardo Jakus, socio gerente de la consultora YA!, dialogó con Patagonia Shale, sobre el paradigma de la gobernanza ambiental en la interacción entre la industria y las comunidades impactadas por la principal actividad económica de la provincia.

¿Cómo trabajan la relación entre el poblador y las operadoras?

Según el tipo de proyecto, armamos un equipo interdisciplinario para resolver cada tema.  Trabajamos con un abogados especialistas en Derecho Ambiental, licenciados en saneamiento y protección ambiental, ingenieros forestales, veterinarios, ingenieros agrónomos. Y en mi caso soy magíster en el ambiente y desarrollo sustentable con orientación en Gestión Ambiental, y me ocupo desde la formulación de los proyectos hasta la coordinación en terreno y en gabinete. Planteamos enfoques relacionados a la justicia ambiental y sobre todo la gobernanza ambiental.

Leonardo Jakus, socio gerente de la consultora YA! (derecha), durante una recorrida de campo.

Trabajamos con operadores territoriales de distintas zonas de la provincia, que son referentes reconocidos por el sujeto social rural, por el poblador local, por las comunidades locales. 

Son problemas complejos que se necesitan articular, no sólo con distintos actores locales, sino con las empresas y con otras disciplinas. No todo se reduce a un plan de gestión ambiental como dice la ley 1875 de la provincia. Las empresas están obligadas en cada actividad que realizan a hacer un estudio impacto ambiental y un plan de gestión. Nosotros, además de hacer eso, que son documentos técnicos evaluaciones, diagnósticos, vamos más allá.

¿Cómo es la realidad de la convivencia entre pobladores y las petroleras en Neuquén? 

Nos ponemos en el lugar del superficiario que está en el territorio conviviendo con la actividad hidrocarburífera; cómo conviven dos actividades productivas como es la ganadería extensiva de los campesinos criollos neuquinos en un ámbito donde hoy es la ventana a la solución de los problemas energéticos del país y a nivel mundial como es Vaca Muerta, en campos que están ocupados desde más de 90 años con derechos de posesión.

Tenemos 17 clientes donde relevamos cuáles son los problemas que tiene cada unidad predial muchas veces no se refleja con lo que está establecido en el Plan de Gestión Ambiental de las empresas que obtienen las licencias para operar en el terreno.

Muchas veces escucho las vicisitudes de los responsables o los gerentes de las empresas operadoras sobre los desafíos de los objetivos del desarrollo sustentable (ODS), la agenda 2030 y la descarbonización, que ahora está en auge junto con los mercados de carbono. Y hay un déficit completo de aplicación en la realidad porque son pocos los actores que hoy están invirtiendo en ese mercado.

¿Las petroleras cumplen las regulaciones?

Se opera sobre una parte de lo que establece la ley de presupuestos mínimos de la Nación sobre adaptación y mitigación al cambio climático, y termina de alguna manera siendo una falacia. Hoy lo único que hay lo firmó la Provincia con Vista para la forestación en el norte de Neuquén, que es una forma de captar carbono. Pero hay otra forma que es la captación a través de la conservación de los ecosistemas naturales. Por ejemplo, en el caso de Vaca Muerta, tenemos el monte de llanuras y mesetas que es el ecosistema natural de la formación y ahí se fija carbono también. En esos campos donde tienen propietarios reconocidos por el Estado provincial no hay una empresa ofreciendo compensaciones por la emisión de gases que genera su actividad dentro de esa unidad productiva. 

“Si queremos vender Vaca Muerta tenemos que hablar un producto de calidad y con una certificación que garantice la sustentabilidad de lo que pasa en el territorio”.

Entonces, nosotros estamos haciendo los relevamientos de base para poder determinar en principio cuáles son los problemas ambientales y los impactos para, de esa manera, evaluar las condiciones de compensación, porque en definitiva la empresa tiene la responsabilidad de compensar y ese titular dominial tiene la necesidad de ser compensado por ese daño ambiental que está obviamente en todo el plano jurídico.

¿Cómo se determinan las compensaciones?

Específicamente, se establece qué pobladores hay en el lugar, desde cuándo viven ahí, cuántas vacas tiene, qué actividad realiza, cómo es el movimiento del manejo del rodeo durante el año.

Hay movimientos estacionales de una ganadería extensiva tradicional qué hacen por un lado poner vulnerable a ese sujeto social que es ocupante titular del campo y muchas veces es compensado por dos pesos o por un caño tubing para hacer un corral. En algún caso nunca lo compensaron ni siquiera con un caño. La exigencia es muy laxa. 

¿Hay negligencia por parte del control del Estado?

No es que dejen hacer, no existe la capacidad institucional para garantizar lo que dice la normativa. El mercado, el desarrollo de la industria petrolera, avanza mucho más rápido.

“Conflictos latentes vas a tener siempre en la medida que tengas comunidades conviviendo en el territorio con actividades que en el sentido común de la gente generan millones, ganancias extraordinarias, y a su vez tenés pobladores pobres”.

Nosotros estamos haciendo un trabajo que podría hacerlo tranquilamente el Estado, que es fiscalizar la situación de las compensaciones por unidad predial. Por ejemplo, yo tengo un campo, no tengo ni idea de qué se trata todo esto, sé que va a venir una actividad petrolera, pero no sé ni cómo defenderme, ni que ni cuál son mis derechos, ni cómo controlarlo, incluso no sé qué valor ponerle a la compensación porque hoy con la Ley de Hidrocarburos la compensación se determina base a cuestiones materiales que muchas veces no se respetan en el territorio y a veces también incluso esa ley no responde a la necesidad real de ese productor.

¿Qué plantean con el programa de justicia ambiental?

Que las compensaciones sean justas, que sean acordes a la unidad predial y a la idiosincrasia del territorio. Muchas veces pasan que los gerentes de Relaciones Institucionales de las empresas viven en Buenos Aires y vienen a resolver los temas cuando el conflicto pasó de ser latente a emergente y vienen a tapar incendios, entonces terminan resolviendo cosas con herramientas que por ahí acá no son viables.

Lo ideal, como dice la Constitución Provincial, es que las regalías de la industria hidrocarburífera se vuelquen a la reestructuración del plano productivo, a una diversificación de la matriz productiva. Hoy entre el 57 y el 60% del Producto Bruto General de la provincia se lo lleva el sector de los hidrocarburos, y entre el 1.7 y 2% es la agricultura y la ganadería.

Nosotros como consultores asesoramos a los superficiarios para que las compensaciones sean justas en base al daño ambiental, a la actividad productiva que ellos tienen en el lugar porque ninguno de los que están ahí van a dejar de tener vacas, chivos, ovejas, por más que tengan pozos de petróleo. Nos parece que están las condiciones para que esas dos actividades convivan de manera más justa, porque siempre los que menos herramientas tienen o los más vulnerables, son los que salen perdiendo.

El impacto ambiental es tremendo, muchas veces no se resuelven los problemas de gestión de los residuos o de los recursos que se utilizan para el desarrollo de locaciones. Y además, muchas veces tampoco la mano de obra está concentrada en el ámbito local.

¿Cómo trabajan el tema con las comunidades mapuche?

Nosotros trabajamos con el consentimiento previo informado, nos tomamos todo el tiempo para que ellos puedan tomar las decisiones. Bajamos toda la información que corresponde para que ellos puedan trabajar sobre todo con información clara. El año pasado capacitamos 20 promotores ambientales de la comunidad para que sean ellos los nexos con el resto de la comunidad sobre el tema del ordenamiento territorial del bosque nativo.

¿Hay una proliferación de conflictos territoriales con la expansión de la actividad en Vaca Muerta?

Con el equipo de justicia ambiental trabajamos precisamente para que el conflicto sea un emergente de cambio social, sobre todo en la perspectiva de las empresas, que no vean al conflicto como un límite, sino como una forma de reproducir lo que pasa en el territorio. Conflictos latentes vas a tener siempre en la medida que tengas comunidades conviviendo en el territorio con actividades que en el sentido común de la gente generan millones, ganancias extraordinarias, y a su vez tenés pobladores pobres.

El escenario que construimos es es de conflictividad, obviamente, pero lo que intentamos es que a través de los acuerdos que hacemos con las distintas empresa se llegue a arreglos que le sirvan a la empresa para desarrollar su actividad y al poblador para seguir viviendo con su actividad económica.

Trabajamos ya sea en la compensación económica como en especie. Muchas veces incluso nos piden servicios de desarrollo de mejoras prediales, lo cual hacemos también como parte del servicio. Desarrollamos obras de agua, construcción de galpones, alambrados, guardaganados, todo lo que hace a mejorar la infraestructura rural como parte de la compensación, porque tampoco queremos que sea solamente algo monetario. Nosotros queremos ver que en el que en el corto y mediano plazo haya una mejora en el rendimiento de la producción ganadera, una mejor una mejor calidad de vida.

Nuestro enfoque de gobernanza ambiental apunta al desarrollo sustentable de las comunidades. Trabajamos con los indicadores de la legislación nacional sobre desarrollo sustentable y lo hacemos dentro de los límites de la cancha, o sea, cuando nosotros nos sentamos a acordar con las empresas es en el marco de la legislación vigente. Con la diferencia que hoy se amplió el derecho ambiental en la República Argentina y trabajamos mucho con el enfoque del Acuerdo Escazú, que tiene que ver con el acceso a la información y al derecho a la justicia social y ambiental.

¿Cuál es la respuesta de las empresas?

Cuando nosotros planteamos eso, del lado de las empresas empieza a haber una mejor actitud porque ven que trabajamos para la gente, porque también hay una tradición de la gestión del superficiario en términos sólo económicos. 

Entonces, como te encontras en terreno con las desigualdades, nosotros hacemos un análisis técnico y e incluso político, porque también los escenarios que construimos tienen que ver con el análisis político. Sobre eso construimos un acuerdo, una propuesta.  

Trabajamos con el enfoque del desarrollo sustentable para que Vaca Muerta tenga una gobernanza ambiental porque sino se maneja todo sectorizado, lo cual es algo muy típico de la industria, y la cuestión socioambiental no se maneja por segmentos, es un tema complejo. Diría somos la única consultora ambiental de la provincia que se dedica al trabajo de gobernanza ambiental.

Lo que proponemos es un esquema para revalorizar las cadenas locales de producción y articularlas. Por ejemplo, que el poblador tenga la pastura para poder darle a los animales en invierno, más el suplemento necesario para todo el manejo del rodeo, y se compense el impacto que tiene la industria que no está cuantificado dentro del costo de operación, recién  lo cuantifican cuando el paisano se cansa y les cierra la tranquera. 

Entonces, a través de la asistencia técnica que brindamos se acorta esa brecha de desigualdad  entre las partes y, al minimizarse eso, se disminuyen los daños ambientales, se amplía el medio socioeconómico, o sea, el impacto positivo. Nos encantaría que se pueda cerrar el circuito de la producción ganadera local extensiva de Vaca Muerta a través de pequeños mataderos frigoríficos móviles, por ejemplo. 

Lo que nosotros estamos buscando es que mejore la convivencia y las empresas los incorporen dentro del costo del desarrollo de los de los yacimientos, que vaya más allá de una cultura empresarial particular de cada compañía.

¿Cómo se crea una relación transparente entre las partes?

Es importante que haya rendición de cuentas, por eso también nosotros asistimos a los pobladores en materia financiera-productiva. Y si las empresas necesitan para mejorar su logística sitios de distribución en Vaca Muerta para mejorar el rendimiento económico hagámoslo, pero hagámoslo bien. Nosotros tenemos un equipo de infraestructura rural con arquitecto que diseñan piensan, están todo el tiempo viendo la forma de solucionar estos problemas que tienen los campesinos.

“Trabajamos con el enfoque del desarrollo sustentable para que Vaca Muerta tenga una gobernanza ambiental porque sino se maneja todo sectorizado, lo cual es algo muy típico de la industria, y la cuestión socioambiental no se maneja por segmentos”.

Porque cuando voy a hacer un relevamiento a una locación me encuentro las bombas sin la protección que corresponde, derrames de crudo en el medio del lugar donde pastorean los animales y si hoy estamos vendiendo a nivel internacional Vaca Muerta tendríamos que darle un sello de calidad. 

No hablo de licencia social, que me parece que es subestimar la complejidad que tiene el tejido social en el territorio. Tenemos que hablar de calidad de vida y de calidad del producto. Si queremos vender Vaca Muerta tenemos que hablar un producto de calidad y con una certificación que garantice la sustentabilidad de lo que pasa en el territorio.

Estamos inscritos en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial con lo cual todos nuestros procedimientos aplican al desarrollo industrial para las buenas prácticas. Ahora hicimos, por ejemplo, un sistema de indicadores ambientales exclusivo para pymes neuquinas, con un esquema de 30 indicadores en el marco de la Ley General del Ambiente de la Nación para poder medir la calidad, la sustentabilidad de ese desarrollo de la industria.

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