El gobierno cerró el acuerdo con el FMI, que incluye la segmentación de tarifas

El Gobierno nacional enviará hoy al Congreso el acuerdo alcanzado con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda récord de u$s 45.000 millones que tomó la administración de Juntos por el Cambio (JxC), informó esta tarde el Ministerio de Economía.

El acuerdo alcanzado se basa en lo que se conoce como Servicio Ampliado del FMI (Acuerdo de Facilidades Extendidas; EFF, por sus siglas en inglés) que incluye 10 revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio. El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. El resto de los desembolsos se hará luego de completarse cada revisión. El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034.

El entendimiento incluye un cambio en la política energética, tras casi tres años de congelamiento tarifario. El objetivo es reducir los cuantiosos subsidios de manera tal que los sectores más ricos de la población paguen los costos reales de la energía. El año pasado el Estado destinó u$s 11 mil millones para sostener las tarifas.

En el comunicado difundido hoy que oficializa el acuerdo, el Ministerio de Economía puso un especial énfasis  la gran incertidumbre en los mercados energéticos mundiales y el impacto de la evolución global de los precios de la energía, tras la el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

Anunció que los aumentos de  tarifas para los usuarios residenciales se definirán en base al coeficiente de variación salarial (CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto del gobierno de Mauricio Macri.

“Con dicho parámetro, el Poder Ejecutivo nacional impulsará, previa audiencia pública convocada a fines de abril de 2022, las medidas que tracen un sendero para el bienio 2022-2023 una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios que enfoque los esfuerzos del Estado Nacional en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago”, señala el comunicado.

La segmentación para el bienio 2022-2023 contempla tres niveles:

a) usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago;

b) usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del CVS del año anterior,

c) para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior.

Mientras que los grandes usuarios de las distribuidoras (GUDI) pagarán la tarifa plena.

Además, el gobierno anunció que desarrollará un plan energético de mediano plazo que incluirá acciones tendientes a: (i) incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energía renovable; (ii) reducir las pérdidas en el segmento de distribución mediante mejoras en los medidores, la facturación, y la cobranza; (iii) mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso; (iv) fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos; y (v) asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor, y de manera más predecible, los costos mayoristas del gas y la electricidad.