Admiten el amparo ambiental contra el basurero petrolero Comarsa

La Defensoría del Pueblo de Neuquén informó que la Justicia declaró admisible la acción de amparo contra el basurero petrolero Comarsa por el daño ambiental causado en la zona del Parque Industrial.

Junto a vecinos del Loteo Social de Gran Neuquén Norte, la Defensoría había presentado una acción de amparo ambiental contra la Municipalidad de Neuquén, la Provincia y Comarsa, iniciativa que recibió el aval del juez Sergio Cosentino, quien el lunes pasado declaró su admisibilidad.

A través de la medida que se presentó en el Juzgado Laboral N° 1, el defensor Ricardo Riva solicitó el cierre total y definitivo de la empresa, sin condonaciones ni prórrogas que dilaten, como viene sucediendo, el cierre de la actividad en el sector. 

Además, pidió al juez que ordene a la empresa la remediación del suelo dañado y la posterior devolución de las tierras al Municipio.

Riva también solicitó como medida cautelar la instalación de medidores de la calidad del aire, tanto en la empresa como en lugares aledaños a determinar en el loteo social Gran Neuquén Norte, para mantener informada oficialmente a la ciudadanía respecto de las acciones que deben considerar para mitigar efectos nocivos.

En 2015 se determinó un plazo de cierre y traslado de Comarsa. Pero la dilación del proceso de cierre y remediación de la planta motivó la presentación del amparo.

Pidió que se inste a una urgente intervención “para garantizar la no volatilización de los barros producidos por la industria petrolera y/o fracking acopiados en las instalaciones de la empresa; y que se extremen las medidas para evitar olores nauseabundos del proceso de remediación de los pasivos ambientales dentro de Comarsa“. El defensor del Pueblo reclamó, además, que se re localice a los vecinos que residen en cercanías al predio de la planta.

En el documento presentado en el Juzgado Laboral N° 1 se acreditó con imágenes satelitales del crecimiento urbano hacia el sector, así como el crecimiento de superficie de tierras afectadas a la actividad de la empresa de saneamiento y recuperación de materiales contaminados con petróleo.

En 2015 se determinó un plazo de cierre y traslado de Comarsa, en el marco del decreto provincial que estableció la imposibilidad de realizar actividades afines en sitios ubicado a menos de 8 km de las urbanizaciones.

Pero la dilación del proceso de cierre y remediación de la planta motivó la presentación del amparo. La Defensora del Pueblo considera que no hay “certezas de su cumplimiento en el extenso plazo otorgado a Comarsa para su traslado antes de diciembre de 2022”.