OIL & GAS

La CEPH define su postura frente a la ley petrolera

Aseguran que hay consenso en torno a plantear las preocupaciones que tienen las principales productoras de Vaca Muerta. Pretenden cambios al proyecto.

Las petroleras que integran la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) se reunieron la semana pasada para debatir una posición en común en torno al proyecto de Ley de Promoción a las Inversiones Hidrocarburíferas que se encuentra en el Senado y cuya discusión se reactivará luego de las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

Fuentes de las compañías que participaron del encuentro indicaron que “hay consenso en torno a plantear las preocupaciones que tienen las principales productoras de Vaca Muerta”, que consideran que el proyecto, tal como está redactado, castiga al shale oil y a las compañías que más invirtieron durante la pandemia.

En general, en la industria creen que la norma no plantea los incentivos necesarios para atraer las multimillonarias inversiones que permitirían dar un saldo exportar, sobre todo de petróleo.

Un aspecto clave de la ley que cuestionan tanto desde Provincia como desde el sector empresarial -sobre todo las productoras no integradas – es el que establece que las petroleras tendrán Autorizaciones de Exportación Garantizadas (AEG) por un 20% de su producción incremental, en tanto el restante 80% deberá ser ofrecido al mercado interno. Además se verán beneficias con la libre disponibilidad del 50% de las divisas que generen esas ventas de petróleo al exterior.

Las petroleras consideran que el incentivo “se queda corto”, que no será suficiente estímulo para atraer más inversiones, y que topear en esos porcentajes las exportaciones garantizadas carece de sentido, cuando con los niveles actuales de producción el abastecimiento interno de crudo está garantizado.

Pero el punto más crítico es el Artículo 8º, que define la línea base a la producción total de petróleo crudo por beneficiario que se tomará en cuenta para contabilizar ese volumen incremental. La línea se trazará entre el volumen máximo de los años 2019-2020 y los 12 meses transcurridos entre mayo de 2020 y abril de 2021 inclusive, según defina la Secretaría de Energía.

Hay petroleras que consideran que de esa forma se castiga quienes invirtieron para aumentar la producción durante la segunda mitad de 2020, en plena pandemia, al ponerles la vara más alta para acceder a las exportaciones garantizadas y divisas.

Además, las productoras no integradas de Vaca Muerta aseguran que la redacción de ese punto beneficia al petróleo pesado del Golfo San Jorge al tener en cuenta determinados grados API del crudo para calcular la línea base.

El proyecto cosecha diversos cuestionamientos y está atravesado por diversos intereses, ya que afecta a toda cadena del negocio del upstream y el midstream, el cual presenta diversas realidades, ya sea entre las diversas cuencas o entre los diferentes tipos de empresas (integradas o no integradas). Sin embargo, las productoras avanzan en el consenso para plantear una postura en común ante los principales puntos cuestionados si la cámara es convocada al debate en el Congreso

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