Las claves del debate en el Congreso por la nueva ley de biocombustibles

Por Lorena Vincenty

La Ley 26.093 de promoción de los biocombustibles se sancionó en abril de 2006, en un momento en que el mundo colocaba al etanol y el biodiesel como los combustibles a los que había que apostar para reducir la contaminación ambiental. Un instrumento acorde al contexto, que intentaba incentivar las oportunidades de inversión y exportación ante la demanda creciente por parte de otros países. 

Fue reglamentada en el año 2007 y establecía un régimen de desgravaciones y otros incentivos para promover la producción por 15 años. El miércoles 12 de mayo la ley de biocombustibles venció. Los productores venían alertando que sin la política, los biocombustibles desaparecerían porque no hay forma de introducirlos sin la mano del Estado. Es por eso que hace unos días, a través del Decreto 322/2021, el presidente Alberto Fernández extendió la vigencia de la norma hasta el 12 de julio próximo.

Se cuenta con 60 días para que entre en vigencia un nuevo “Marco Regulatorio de Biocombustibles”. El 22 de abril, legisladores del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley que lleva la firma de 15 diputados. El jueves pasado, en una reunión de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados el secretario de Energía, Darío Martínez, defendió los puntos principales.

El sector de biocombustibles en el país involucra a más de 40 empresas productoras en 10 provincias que dinamizan la economía regional y emplean a más de 32.500 trabajadores.

Según los datos aportados en la reunión de comisión, el sector de biocombustibles en el país involucra a más de 40 empresas productoras en 10 provincias que dinamizan la economía regional y emplean a más de 32.500 trabajadores de manera directa e indirecta. En biodiesel, las provincias productoras son Santiago del Estero, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y en etanol Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba Santa Fe y San Luis. 

“Nos parece un proyecto muy interesante. Enumera aspectos generales que establecen el desenvolvimiento de la actividad, hay un resguardo de las pymes, están establecidos los porcentajes de cortes, cupos, precios, hay un tratamiento específico para precio en surtidor”, comenzó a exponer el secretario Martínez.

Puntos principales

Los puntos de debate del proyecto, se enfocaron en el corte. La ley, en sus inicios, fijó como corte obligatorio a partir del año 2010, un 5% de biodiesel al gasoil y 5% de bioetanol a las naftas. Una addenda del año 2010 elevó el valor de corte al 7% en gasoil y el corte fue aumentando lentamente. Hoy en el país el corte obligatorio de biocombustibles vigente es de 12 % de bioetanol en nafta y 10 % de biodiesel en gasoil.

A Martínez se le pidió que explique el punto que propone mantener el corte de 12% para el bioetanol a base de caña de azúcar, pero el corte de biodiesel, bajaría al 5%. “El corte es un mínimo que se puede incrementar. Se habla de porcentajes mínimos”, dijo Martínez. 

«Cada incremento del 10% en el aceite de soja, se traduce en un aumento de más del 1% en el precio del surtidor del gasoil, y cada incremento del 10% en la tonelada de maíz, lleva al 0,6% en el aumento en surtidor”, dijo Martínez.

En el artículo ocho, el proyecto establece que todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil deberá contener un porcentaje mínimo obligatorio de biodiesel del 5%. Energía podrá elevar el porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente y también quedará habilitada a reducir el corte hasta un porcentaje nominal de 3%, en volumen, cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiesel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor.

“El precio de la soja y del maíz es un punto que no quiero dejar pasar por alto. El precio del biocombustible está asociado al internacional de estos commodities y eso tiene su correlato con el precio de los combustibles en los surtidores. Cada incremento del 10% en el aceite de soja, se traduce en un aumento de más del 1% en el precio del surtidor del gasoil, y cada incremento del 10% en la tonelada de maíz, lleva al 0,6% en el aumento en surtidor”, explicó el secretario.

Por otra parte, se habló del ítem que prevé que el sector estará abastecido por pymes, concepto en el que engloba a las empresas que en un año no producen más que 50.000 de toneladas de biodiesel y 90.000 metros cúbicos de bioetanol. 

En este sentido, se expuso que de las 28 empresas que producen biodiesel 25 son pymes y de las 6 productoras de bioetanol de maíz, 3 no son controladas por empresas controlantes que realizan actividades relacionadas con exportación de bioetanol y las 2 empresas que producen etanol a base de caña de azúcar optimizan la cadena del azúcar. Todas ellas son importantes en las economías regionales por los puestos de trabajo que generan.

Visión en el mundo

Durante la exposición, los diputados de la UCR le cuestionaron a Martínez que antes de avanzar en un proyecto es necesario que se defina qué lectura tiene el gobierno de la evolución de la matriz energética, porque “si se pone parche sobre parche, no habrá horizonte y se necesita previsibilidad”.

“El gobierno nacional tiene entre sus objetivos el desarrollo conveniente del sector de biocombustibles, asociándolo al desarrollo nacional. Está generando energías con una matriz con una diversidad importante. Es importante apostar a todas las que tengamos potencialidad. Cuando en 2006 se creó este régimen teníamos un panorama distinto en cuanto a posibilidades”, respondió.

Los países centrales ahora apuestan por los autos eléctricos en reemplazo de los motores de combustión. Por ejemplo, Gran Bretaña anunció el año pasado que prohibirá la venta de automóviles de combustión interna a partir de 2030.

En ese entonces, en el país en materia hidrocarburífera tenían todas las cuencas con declino, el mundo tenía una visión de la energía que fue mutando. Además, con el barril de crudo por encima de los 70 dólares sus costos de producción eran comparables con los del petróleo y sus derivados sin necesidad de incentivos. 

En el mundo, la Unión Europea que incentivó su producción a partir de 2003, en 2015 retrocedió y fijó un tope al consumo de biocombustibles. Una de las razones fue el impacto que estaba produciendo en el ambiente al alentar la deforestación para ampliar las superficies cultivables de maíz y soja. Los países centrales ahora apuestan por los autos eléctricos en reemplazo de los motores de combustión. 

“En ese entonces, no se hablaba de la electromovilidad, o el hidrógeno y hoy creemos que tiene una potencialidad importante para nuestro país. De todos modos, no podemos descartar ninguna opción y todas deben llevar a energías más amigables con el ambiente. Por eso, se merece una nueva ley y un horizonte de previsibilidad que se había perdido por este vencimiento”, concluyó.